La DGT sigue con su ruta marcada. Las restricciones de tráfico en España, especialmente en las Zonas de Bajas Emisiones (ZBE), siguen avanzando con el objetivo de mejorar la calidad del aire. Estas, que ya operan en varias ciudades, limitan el acceso de vehículos que no cumplen con los estándares de emisiones establecidos por la DGT.
Este sistema de clasificación ambiental determina qué vehículos pueden circular en estas áreas, contribuyendo a una movilidad más limpia.
La DGT confirma nuevas restricciones
Entre las medidas más recientes, destaca el impacto que tendrán sobre los vehículos con la etiqueta B. Son la mayoría de los turismos y furgonetas de gasolina matriculados entre 2001 y 2006, así como los diésel matriculados entre 2006 y 2014.
Este tipo de vehículos representan el 35% del parque automovilístico en circulación. Ahora ya han comenzado a enfrentar restricciones en varias capitales y verán prohibido su acceso a más poblaciones urbanas a partir de 2026.
Sitios como Madrid, Bilbao y Málaga, entre otras, se sumarán a estas restricciones en los próximos años. Cataluña será la primera comunidad autónoma en imponer un veto general a estos vehículos en todas las poblaciones de más de 50.000 habitantes.
Desde enero de 2026, en episodios de alta contaminación, estos vehículos no podrán circular en las ZBE catalanas. Y a partir de enero de 2028, la prohibición será permanente durante todo el año en estas áreas.
Este endurecimiento de las normativas ha generado críticas, especialmente por parte de los propietarios de vehículos afectados. Algunos ayuntamientos en Cataluña, como los de las del cinturón barcelonés, han mostrado su oposición a estas medidas. Argumentan que afectarán a miles de automovilistas y demandarán grandes inversiones en infraestructuras de transporte público.
El gobierno catalán ha prometido ayudas para fomentar el transporte público y facilitar la transición a una movilidad más sostenible. Además, las ordenanzas municipales para implementar estas medidas deberán estar listas antes de 2026. Es decir, dejan un margen de tiempo para que los municipios adapten sus infraestructuras y los ciudadanos se preparen para los cambios.
Con el aumento de las restricciones, se espera que muchos conductores opten por renovar sus vehículos o cambiar a opciones de transporte más ecológicas. Aunque la normativa busca mejorar la calidad del aire, su implementación está generando un debate sobre los costos que conllevará. Especialmente para los propietarios de coches más antiguos que deberán adaptarse a las nuevas exigencias.