Desde el descenso directo de Segunda División a Tercera, una por méritos deportivos y otra por problemas económicos, se han ido intercalando situaciones complicadas con alguna temporada de relativa calma. Descensos, deudas, embargos, juntas gestoras, Piterman, más deudas... Y así hasta día de hoy.
En estos momentos, el Palamós CF es una entidad ‘saneada’ que milita en la primera división catalana por culpa del descenso sufrido la pasada temporada. El presidente, Joan Pau Perez, que antes dirigía la fundación del futbol base le entregaron las riendas del club hace 6 años tras recibir una herencia envenenada: una deuda de 30.000€. Los anteriores gerentes recurrieron a él como último recurso, la idea era recuperar la inversión.
Tras 6 temporadas se ha saneado la economía a costa de un gasto ínfimo, también se han celebrado elecciones, que el mismo presidente logró ganar con algunos métodos un tanto cuestionables. En mayo del 2016, hubo un intento de fusión con el Llagostera que habría significado la desaparición del decano del futbol catalán, un intento con nocturnidad y alevosía del que los socios se enteraron por la prensa. La situación actual con el descenso de categoría ha acentuado la desconfianza y la desaprobación por parte de los socios hacia el presidente y su junta. Se le culpa de mala gestión deportiva, del despido de jugadores por motivos personales y no deportivos, se le responsabiliza del descenso y de no hacer suficiente para cambiar la dinámica. Pero sobre todo, se le acusa de autoritario, de una gestión opaca y de menospreciar los socios. La masa social del club ha caído hasta récords históricos, tan solo 159 abonados en la temporada 17/18, un indicador objetivo que muestra que algo no se está haciendo bien.
Aquí es dónde entra en juego una plataforma de socios y simpatizantes llamada ‘Junts pel Degà’ que pretende tomar el control del club. La idea es realizar una moción de censura para crear un proyecto fresco, ambicioso y participativo. De momento no está siendo fácil, la primera solicitud fue rechazada por un defecto de forma, en la segunda se solicitó el DNI compulsado de todos los firmantes y una vez atendido se alegó, sin ninguna prueba, que algunas firmas eran falsas.
Posteriormente, el 1 de agosto se entregaron de nuevo las firmas necesarias, esta vez firmadas delante de notario para impedir que la junta directiva evitase la votación con más excusas. Ahora la junta tiene 30 días para convocar a los socios y resolver la situación, pero parece que la intención es continuar alargando los plazos y acabar con la paciencia de los socios.
Otro caso más de un presidente secuestrando una entidad contra la voluntad de sus socios. Afortunadamente en Palamós el colectivo Junts pel degà está luchando para recuperar su equipo de fútbol.