Muchos trabajadores cogen la baja laboral por incapacidad temporal. Es algo habitual en casi todas las empresas, que ven como un empleado deja de trabajar, pero hay que seguir pagándole parte del sueldo. Sin embargo, hay compañías y negocios que no se terminan de fiar, y contratan servicios de investigadores privados para comprobar el estado real del empleado y evitar posibles fraudes.
La incapacidad temporal es un derecho que tienen todos los trabajadores en España, pero las empresas están en alerta para que no se produzcan engaños ni estafas. Y la investigación privada es una opción cada vez más utilizada. Su objetivo es asegurarse de que los empleados no están fingiendo su incapacidad y comprobar si realmente están tan mal como para no poder trabajar.
Los investigadores privados son contratados para verificar el estado de salud del trabajador y determinar si realmente está incapacitado o no para trabajar. Más allá de evitar engaños, este recurso también tiene que ver con el salario. Las empresas quieren ver si el dinero que se le paga al empleado de baja cumple con su finalidad.
¿Qué sucede si una empresa se da cuenta de que su empleado les está engañando?
En caso de confirmarse el fraude con la incapacidad temporal, la empresa puede tomar duras medidas, como despedir al trabajador. Sin embargo, cualquier acción debe contar con pruebas sólidas que se hayan obtenido durante la investigación.
Contratar a estos investigadores no es barato, y el precio suele oscilar entre 1.200 y 2.500 euros. Aunque al principio puede parecer una cantidad alta, este servicio puede suponer un ahorro a la empresa en caso de que el empleado se esté aprovechando de la baja laboral.
La investigación privada en España está regulada por ley, y es totalmente legal. Aun así, los investigadores deben tener la titulación correspondiente y contar la habilitación por parte del Ministerio del Interior. No todas las empresas recurren a ella, pero es un método interesante para evitar posibles engaños.
Las bajas laborales pueden suponer un gran problema para las empresas. El hecho de pagar parte del salario a un empleado que no trabaja puede provocar graves consecuencias a nivel económico. Quizás hay que fichar un reemplazo de forma temporal y, por lo tanto, la empresa estaría destinando más dinero a salarios con la misma productividad.
Es por eso que muchos jefes no se fían y quieren tener la certeza de que el trabajador, realmente, está incapacitado para desempeñar sus funciones.