Una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias marcó un precedente en enero. El fallo ordenó retirar la prestación por desempleo a una mujer de Tenerife que viajó al extranjero. Además, se le obligó a devolver casi 9.000 euros que cobró de forma indebida.
La mujer estuvo 69 días fuera de España ya que, según ella, volvió a su país de origen por la muerte de un familiar. No obstante, se desplazó sin avisar al Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), tal como exige la normativa vigente. En su defensa, la mujer presentó unas fechas que el TSJC declaró "notablemente confusas", pero la sentencia indica que debía devolver las cantidades del paro que recibió desde julio de 2018.
El SEPE obliga a comunicar cualquier desplazamiento fuera de España
Las personas que cobran el paro pueden salir de España, pero deben seguir unos procedimientos. El SEPE señala en su página web que los beneficiarios de la prestación por desempleo deben avisar al organismo antes de la salida y obtener una autorización.
El paro se suspende temporalmente si el desplazamiento es por motivos laborales y dura menos de 12 meses, y se reanuda al volver a España. En cambio, si el traslado supera los doce meses, se extingue el derecho a cobrar el paro.
Además, si el desplazamiento dura entre 15 días y 90 días, la prestación también se detiene. Si superan los 90 días y el desplazamiento no tiene nada que ver con trabajar, se deja de percibir.
Si el viaje al extranjero no supera los 15 días, la prestación se mantiene. Al regresar, debes acudir a la oficina de empleo correspondiente. Por otra parte, si pasas más de 1 año fuera de España, el SEPE suspende la entrega del paro de forma definitiva.
En todo caso, es fundamental notificar cualquier desplazamiento al SEPE. No hacerlo puede acarrear graves consecuencias, como le ha sucedido a la mujer en Tenerife. Hay que tener la autorización para poder salir y no tener problemas cuando toque regresar.
El paro es una ayuda esencial para muchas familias. El SEPE ejerce una labor crucial a la hora de proporcionar prestaciones y subsidios a las personas sin trabajo o en situación de vulnerabilidad.