El Ingreso Mínimo Vital es una ayuda fundamental para quienes se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Los últimos datos proporcionados por La Moncloa indican que, en el mes de marzo, llegó a más de 575.000 hogares. Esto supone un incremento de más de 125.000 prestaciones respecto al mismo período del año anterior.
El objetivo de esta ayuda es dar soporte a los ciudadanos en riesgo de pobreza y que puedan cubrir sus necesidades básicas. Sin embargo, es posible que ciertos beneficiarios se vean obligados a devolver el dinero. La Seguridad Social así lo puede reclamar si se cumplen una serie de situaciones.
¿Cómo funciona el Ingreso Mínimo Vital?
El Ingreso Mínimo Vital se entrega de forma mensual, en doce pagos al año, y no incluye las pagas extraordinarias. Este puede recibirse mientras se mantengan las condiciones que permiten la ayuda. Asimismo, es posible que la Seguridad Social proporcione una prestación de forma errónea.
El Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), según explica en su página web, tiene "la facultad de revisar y rectificar las concesiones erróneas dentro de un plazo de cuatro años".
Este período empieza desde el momento en que se apruebe la resolución para prestar la ayuda. Si una persona cree que ha recibido el Ingreso Mínimo Vital por error, debe avisar a la Seguridad Social. Además, deberá devolver el importe cobrado.
Asimismo, los beneficiarios del IMV deben informar a la Seguridad Social sobre cualquier cambio en la situación familiar o económica. Esto puede afectar en la cuantía a recibir, ya que está sujeta a unos criterios en función de las personas que formen una unidad familiar. La cuantía media de la prestación es de unos 500 euros por hogar.
Si la administración detecta alguna cosa extraña, es muy probable que debas devolver la totalidad de la ayuda. Además, las cuantías del Ingreso Mínimo Vital se han revalorizado en un 6,9% en 2024. Esto significa que el importe es superior respecto al del año pasado.
Los beneficiarios deben cumplir con los requisitos que otorgan el derecho a recibir el IMV. Si no es así, la Seguridad Social puede suspender la entrega de la prestación de forma permanente. Desde que empezó a entregarse el mínimo ingreso, la administración ha dedicado 10.000 millones de euros.