“Miguel Ángel Gil Marín, mayor de edad, sin antecedentes penales, hijo de Jesús Gil veterinario de profesión, fue nombrado en noviembre de 1992 Director General del Atlético de Madrid. La mala situación económico-financiera por la que venía atravesando el club como asociación se vio agravada en la sociedad por la inexistencia de desembolso efectivo del capital social, salvo en una mínima parte. Ello determinó que, Jesús Gil y Miguel Ángel Gil, fueran desarrolladas, hasta la intervención judicial, tareas de maquillaje de la contabilidad, en las que no consta que se involucrara Enrique Cerezo, a fin de evitar que apareciera como el patrimonio estaba por debajo del 50 por ciento del capital social, lo que legalmente hubiera implicado una causa de disolución”.
De esta forma presentaba el Tribunal Supremo en sociedad a Miguel Ángel Gil, en su sentencia de 4 de junio de 2004. Resulta curioso que esa sentencia sea casi equidistante en el tiempo entre 1992 y 2017. Veinticinco años que contemplan a Gil Marín como alto mandatario del Club, ya sea como Director General, bajo la sombra tiránica y estentórea de su padre, ya como Consejero Delegado -simultaneó ambos cargos durante años-, volando libre entre fondos de inversión mendesianos y la figura burlesca de Enrique Cerezo, como partner in rhyme de su proyecto empresarial denominado Atleti. Sí, efectivamente, lo de rhyme es una llamada desesperada por si queda algo de justicia poética en la sala. En realidad, es su partner in crime, su cómplice.
Desde noviembre de 1992 hasta el 29 de diciembre de 2005, Gil Marín es Director General del Club, simultaneando en los últimos años tal cargo con el de Consejero Delegado, en el cual permanece en la actualidad. En estos años su gestión ha sido un cúmulo de despropósitos, pero no hablaremos de ellos aquí. No incidiremos en la lacra que supone al Club la regencia de Gil Marín. Queremos abundar en otra cuestión que, de haberse contemplado por las autoridades deportivas y los órganos rectores del Club, hubiera apartado inmediatamente del cargo a aquel.
Pero para ello volvamos a la sentencia de 2004, esa a la que los medios prestaron nula atención y las instituciones público deportivas obviaron descaradamente. Esa sentencia condena a Miguel Ángel Gil a 18 meses de prisión por un delito de estafa por simulación de contrato, de estafa al propio Atlético de Madrid. La condena por delitos patrimoniales lleva aparejada la inhabilitación para ejercer como administrador de una sociedad mercantil.
Así lo dice tanto la legislación mercantil como la Ley de Sociedades Anónimas Deportivas, además de los propios Estatutos del Club en su art. 22: “No podrán ser Consejeros las personas que se encuentren incursas en alguna de las prohibiciones legalmente establecidas, especialmente en la Ley de Sociedades de Capital y en la Ley del Deporte”
Y la Ley de Sociedades de Capital dice:
Artículo 213. Prohibiciones. No pueden ser administradores los menores de edad no emancipados, los judicialmente incapacitados, las personas inhabilitadas conforme a la Ley Concursal mientras no haya concluido el período de inhabilitación fijado en la sentencia de calificación del concurso y los condenados por delitos contra la libertad, contra el patrimonio o contra el orden socioeconómico, contra la seguridad colectiva, contra la Administración de Justicia o por cualquier clase de falsedad, así como aquellos que por razón de su cargo no puedan ejercer el comercio.
Y aun yendo más allá:
Artículo 224. Supuestos especiales de cese de administradores de la sociedad anónima. Los administradores que estuviesen incursos en cualquiera de las prohibiciones legales deberán ser inmediatamente destituidos, a solicitud de cualquier accionista, sin perjuicio de la responsabilidad en que puedan incurrir por su conducta desleal.
Yo no quiero aburrirles con un exceso de normativa, pero considero que esta información resulta transcendente para el aficionado atlético. Nadie puede explicar por qué Gil Marín se ha perpetuado ilegítimamente en el cargo de Consejero Delegado, tras haber sido condenado en firme, en el año 2004, por un delito contra el patrimonio, nada menos que del propio Club que dirige y administra.
Obviamente, la complicidad de las instituciones públicas deportivas y del propio Consejo de Administración del Club han propiciado este desaguisado, todos han hecho oídos sordos, han sucumbido bajo el poder de los intereses creados y han convalidado esta ilegalidad manifiesta, este bochorno permanente, a pesar de que, una pequeña parte de los accionistas minoritarios, representados por Señales de Humo, vienen instando en cada Junta General, de manera infructuosa, la inmediata destitución del Consejero Delegado ilegítimo.
Capítulo aparte merece la remuneración ilícita también, hasta el año 2015, del Consejero Delegado. En estos años se ha levantado millones de euros otra vez en contra de leyes mercantiles y los propios estatutos del Club, que necesitaron una remodelación para legalizar la situación, aunque no con efectos retroactivos, lógicamente.
Podría inundarles de más normativa para acreditar que Gil Marín ha estado cobrando ilegalmente. No merece la pena. Quizás los tribunales entren en ello próximamente. El objeto de este artículo ya está cumplido. Espero que, de ahora en adelante, el seguidor atlético que haya podido acceder a estas líneas, conozca a ciencia cierta los antecedentes de quien rige el Club de sus amores y saque sus propias conclusiones. No nos hemos inventado nada.
El aficionado atlético es consumidor de una marca privada donde el ilegítimo Consejero Delegado hace y deshace a su antojo. Lejos quedaron los tiempos de Club. El hincha no cuenta sino para pagar y animar. El clientelismo poblará las gradas del Wanda Metropolitano como lo ha venido haciendo en el Vicente Calderón desde hace 25 años. Y todo esto en claro quebrantamiento de la legalidad vigente desde que se apropiaron delictivamente del Club. Al menos, considérenlo.